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CRITERIOS DE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

En la primera parte de este artículo (puedes leerla AQUÍ) hemos podido comprobar como las personas que desatan y realizan el hecho de conexión que da lugar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas son los administradores de hecho y de derecho, los representantes legales y los sometidos a la autoridad de cualquiera de éstos.

En esta segunda parte vamos a delimitar estos conceptos, ya que la identificación de cada figura en el seno de la empresa es de gran importancia.

1.      Responsabilidad de la persona jurídica por los delitos cometidos por el administrador de hecho y de derecho.

El concepto de administrador de derecho ha de proporcionarse, aunque de manera principal pero no exclusiva, por la legislación mercantil dado que nos encontramos ante un término formal. Desde este mismo punto de vista sería aquél que hubiese sido nombrado por la Junta General y, una vez formalmente aceptado, inscrito y publicado su nombramiento, como es el caso del administrador de una sociedad de capital, según los arts. 214 y 215 de la Ley de Sociedades de Capital (RD Leg. 1/2010). Tendría las funciones de ejecutar las decisiones de la Junta General o Consejo de Administración y, entre ellas, las decisiones diarias para el correcto funcionamiento de la empresa o sociedad.

Se ha suscitado la importante discusión en la doctrina de si es posible que otra persona jurídica, que sea administradora formal de la persona jurídica responsable, pudiese significar un requisito de responsabilidad válido tal y como lo es en el caso de la persona física. Voces autorizadas aseguran que sí es posible porque también en este caso la persona jurídica administradora está compuesta de personas físicas y la persona jurídica no será administradora hasta que no conste la identidad de la persona física designada para el ejercicio de los deberes de administración. Ahora bien, esta persona física designada para administrar a la persona jurídica responsable (que no es la administradora, sino la administrada) podrá ser considerada como administradora de la administrada, y si comete un hecho objetivamente típico por cuenta, en nombre y en provecho de la persona jurídica administrada, entonces dará lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica si ésta comete el injusto propio de administración defectuosa.

Resulta más complicado delimitar el administrador de hecho.

La doctrina ya había admitido una concepción funcional del administrador de hecho como aquel que tiene “el dominio que los sujetos activos ejercen sobre la concreta estructura social en la que el bien jurídico se halla necesitado de protección y el Derecho penal, a través de semejantes tipos, protege”. Es decir, son personas que tienen un real poder de decisión y conducción dentro de la empresa, pero que además tienen, con ese poder, capacidad para lesionar o poner en peligro bienes jurídicos.

Por su parte, el Tribunal Supremo concibe al administrador de hecho como aquél que “sin ostentar formalmente la condición de administrador de la sociedad, ejerza poderes de decisión de la sociedad y concretando en él los poderes de un administrador de derecho… es la persona que, en realidad manda en la empresa, ejerciendo los actos de administración, de obligación de la empresa, aunque formalmente sean realizadas por otra persona que figura como su administrador”.

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Siendo así, podemos concluir que en estas concepciones cabrían aquellas personas de la alta dirección que no son administradores generales (como los directores generales o gerentes generales) o aquellos que tienen poder amplio y suficiente (y con regulares y laxos niveles de supervisión de sus superiores) sobre sectores de la empresa, como serían los directores o gerentes de divisiones o regionales, o incluso, directores o gerentes generales de ciertas áreas de una empresa que se manejan con gran independencia y autonomía de la administración general. El criterio para separar a los subordinados del administrador de derecho es el importante grado de autonomía e independencia con que actúan y resuelven los problemas del sector que tienen a su cargo de forma cotidiana. En ese sentido se pronuncia la STS, que al restringir el concepto de administrador de hecho, expone criterios definidos para poder considerar a esos “mandos intermedios” como tales, pues los incluye siempre que su actuación se desenvuelva “en condiciones de autonomía o independencia y de manera duradera en el tiempo”.

2.     Responsabilidad de la persona jurídica por los delitos cometidos por el representante legal.

Desde el punto de vista mercantil, se trata de aquella o aquellas personas físicas con capacidad para vincular a la persona jurídica de forma contractual para con terceros, esto es, las personas que ejercen la representación de la persona jurídica en los actos comprendidos en su objeto social, según los arts. 233 y 234 de la Ley de Sociedades de Capital (RD Leg. 1/2010).

Este criterio incluye en el concepto de representante legal a los empleados de la persona jurídica que participan de su actividad exterior y que sin necesidad de un acto de apoderamiento tienen las facultades representativas propias que les permiten realizar, en nombre y por cuenta de la empresa, actos jurídicos integrantes del giro o tráfico de la misma.

No obstante, pensamos que los empleados de la persona jurídica con facultades para obligarla, como por ejemplo, un gerente de sucursal bancaria o directores, no deberían considerarse representantes legales. La referencia al “representante legal” tiene el fin de abarcar a cualquiera que tenga la función de representar o gestionar en favor de la sociedad, aún cuando no reciban el nombre de administradores de derecho.

3.     Responsabilidad de la persona jurídica por los delitos cometidos por los sometidos a la autoridad de los anteriores.

Son las personas físicas que en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las personas jurídicas y sometidos a la autoridad de los dos anteriores (administradores de hecho y de derecho y representantes legales), cometen el delito por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las circunstancias del caso.

Es unívoca la doctrina al reconocer el criterio de que se trataría de cualquier trabajador de la empresa que no tenga poder de decisión dentro de ella o de un sector con suficiente autonomía, siendo suficiente que tenga un contrato laboral.

 

Se discute, así mismo, si debe tratarse de toda persona que tenga una relación laboral formal con la persona jurídica o, por el contrario, si deben incluirse en esta categoría cualquier persona que materialmente se encuentre bajo la línea de dirección formal de los administradores y representantes legales y que pueden no tener contrato laboral con la empresa, incluyendo empleados de otras empresas o simples proveedores externos o quienes tengan contratos de prestación de servicios. La doctrina mayoritaria se decanta por extender el concepto a cualquier persona que se encuentra bajo la influencia o dirección material de los administradores o representantes legales siempre y cuando desarrollen su actividad para y en favor de las actividades de la empresa y en su ámbito de dominio social, pues, “de no ser así, las personas jurídicas podrían soslayar toda responsabilidad penal eludiendo la contratación laboral y subcontratando trabajadores”, como es el outsourcing.

 

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