ASTROTURFING Y SU RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

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Empecemos por explicar de manera muy concreta que por Astroturfing debemos entender una serie de prácticas dirigidas a distorsionar y manipular la opinión pública a través de medios digitales. Aunque el término pueda resultarnos extraño, la palabra astroturfing proviene del nombre de una marca de césped sintético llamada AstroTurf. El mote trata de representar una de las características centrales del fenómeno: algo artificial que simula la apariencia de lo natural. Así pues, podemos decir que cualquier acción online que tenga por objeto manipular una tendencia social, la opinión pública o el apoyo o rechazo masivo a una idea o producto, puede ser encuadrada dentro del astroturfing.

Hoy en día, en una sociedad fuertemente digitalizada y permanentemente conectada, son muchas las empresas que, bien por desconocimiento, bien por falta de cultura de cumplimiento normativo, tratan de competir en el mercado con prácticas que, desde hace un tiempo y a raíz de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro Ordenamiento, pueden incurrir en manifiestas ilegalidades que se encuentran tipificadas en el Código Penal. Concretamente podemos identificar el delito de astroturfing en el artículo 284 CP y su imputabilidad corporativa a través del artículo 288 del mismo cuerpo legal, ambos dentro del Capítulo XI, de los Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores. Así pues, veamos lo que establece el artículo 284 CP después de la última reforma legislativa vigente desde el 13 de marzo de 2019:

“1. Se impondrá la pena de prisión de seis meses a seis años, multa de dos a cinco años, o del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido, o de los perjuicios evitados, si la cantidad resultante fuese más elevada, e inhabilitación especial para intervenir en el mercado financiero como actor, agente o mediador o informador por tiempo de dos a cinco años, a los que:

1.º Empleando violencia, amenaza, engaño o cualquier otro artificio, alterasen los precios que hubieren de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, instrumentos financieros, contratos de contado sobre materias primas relacionadas con ellos, índices de referencia, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderles por otros delitos cometidos.

2.º Por sí, de manera directa o indirecta o a través de un medio de comunicación, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, o por cualquier otro medio, difundieren noticias o rumores o transmitieren señales falsas o engañosas sobre personas o empresas, ofreciendo a sabiendas datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un instrumento financiero o un contrato de contado sobre materias primas relacionado o de manipular el cálculo de un índice de referencia, cuando obtuvieran, para sí o para tercero, un beneficio, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) que dicho beneficio fuera superior a doscientos cincuenta mil euros o se causara un perjuicio de idéntica cantidad;

b) que el importe de los fondos empleados fuera superior a dos millones de euros;

c) que se causara un grave impacto en la integridad del mercado.

3.º Realizaren transacciones, transmitieren señales falsas o engañosas, o dieren órdenes de operación susceptibles de proporcionar indicios falsos o engañosos sobre la oferta, la demanda o el precio de un instrumento financiero, un contrato de contado sobre materias primas relacionado o índices de referencia, o se aseguraren, utilizando la misma información, por sí o en concierto con otros, una posición dominante en el mercado de dichos instrumentos o contratos con la finalidad de fijar sus precios en niveles anormales o artificiales, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) que como consecuencia de su conducta obtuvieran, para sí o para tercero, un beneficio superior a doscientos cincuenta mil euros o causara un perjuicio de idéntica cantidad;

b) que el importe de los fondos empleados fuera superior a dos millones de euros;

c) que se causara un grave impacto en la integridad del mercado.

(…)”

Por su parte, el artículo 288 CP determina:

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:

(…)

2.º En el caso de los delitos previstos en los artículos 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282 bis, 284, 285, 285 bis, 285 quater y 286 bis al 286 quater:

a) Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, cuando el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad.

b) Multa de seis meses a dos años, o del tanto al duplo del beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.

3.º Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.”

                Puede apreciarse la importancia de la pena en lo que a parámetros económicos se refiere, pero además puede completarse aquella con la adopción, por lo expuesto en el apartado 3º del artículo, de alguna de las penas accesorias recogidas en el artículo 33.7 CP, las cuales van desde la disolución de la persona jurídica, hasta la intervención judicial de la misma, pasando por la clausura de sus locales o por la suspensión temporal de sus actividades. Como se podrá deducir, las consecuencias son muy gravosas.

Existen ejemplos célebres que ilustran sobre diferentes modalidades de astroturfing cometidos por empresas, entre los cuales podríamos mencionar los siguientes:

  • En 2013 Samsung fue multada en Taiwán por crear una campaña de astroturfing en contra de su rival HTC, con comentaristas pagados.
  • Ese mismo año, el Fiscal General de Nueva York multó con 350.000 $ a 19 empresas por publicar reviews falsas en sitios web como Yelp y Google Local, entre otros. Dichas reviews fueron escritas por redactores ubicados en Filipinas, Bangladesh y el Este de Europa, a quienes se contactó mediante plataformas de trabajo freelance, pagándoles cantidades similares a 1 $ por publicación.
  • El astroturfing también ha sido puesto en práctica para manejar crisis de imagen en redes sociales. Es famoso el caso en el que Movistar España se vio envuelta en una oleada de publicidad negativa en Twitter, debido al despido de un trabajador. Contrarrestando las críticas recibidas en esa red social, hizo su aparición un grupo importante y aparentemente espontáneo de usuarios en defensa de la empresa. Varios artículos en blogs y webs de tecnología demostraron que esos usuarios eran falsos, habiendo sido creados de forma automatizada, y proviniendo de una única fuente.

Es evidente que las empresas privadas utilizan enjambres de bots, cuentas mercenarias e influencers para hacer astroturfing y crear una imagen favorable de sus productos o criticar a la competencia, por lo que es importante tener en cuenta que cuando estas acciones influyan en el mercado de manera que alteren económicamente bienes y servicios, podrán ser constitutivas de delito. Pero vayamos un poco más allá y hagámonos la siguiente pregunta: ¿sólo las compañías privadas utilizan este tipo de prácticas? La respuesta es no, ni mucho menos. Conviene recordar que los Partidos Políticos, con los que parece que toda práctica dirigida a captar votos resulta válida, también son penalmente responsables y permanentemente utilizan estas técnicas para influir en la opinión pública, lo que debe generar, cuando menos, si no responsabilidad penal, sí serias dudas éticas. Y debe generar serias dudas éticas si tenemos en cuenta que el artículo 9 bis de la L.O. 8/2007, introducido por el apartado ocho del artículo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, establece la obligación de adoptar en el seno de éstos un sistema de Compliance Penal. Sin duda, podemos intuir que muchos de los Partidos Políticos (sino todos) pueden poseer fantásticos planes de cumplimiento, pero todo parece indicar que simplemente los tienen por cumplir el expediente, no porque realmente adopten una clara voluntad de cumplimiento, con independencia de la punibilidad de la acción.

El último caso representativo de astroturfing político se vivió recientemente con la entrevista realizada en un conocido programa de televisión a un todavía más conocido secretario general de uno de los principales partidos políticos del país. Dentro de los usuarios que en redes sociales apoyaban la tesis del mencionado político había un tal “Daniel Guzmán”, lo cual resultó ser una cuenta falsa que usó la cara de Vicente de Jesús Hermosillo, un estudiante mexicano asesinado en diciembre, como foto de perfil. El granjero de bots que vio su foto en el pequeño medio mexicano El Sol del Centro y la usó en la cuenta falsa no calibró el impacto que tendría que alguien descubriera la fechoría, ya que borró el perfil tras ser señalado por múltiples usuarios.

También fue noticia una acción llevada acabo por un militante de un partido político que consistía en una campaña oculta en WhatsApp, en la que atacaba a otros partidos usando un vídeo de Epi y Blas. Según su explicación, el vídeo lo hizo alguien sin relación con el propio partido, aunque éste sí permitió y colaboró en su distribución a través de todos sus grupos de WhatsApp para “explicar cosas complejas de manera que todo el mundo las entienda”.

Todos los casos señalados fueron descubiertos y denunciados públicamente, con el consiguiente daño en la imagen de los responsables y su correspondiente merma reputacional, además de, en algunos de ellos, haberse aplicado las penas y sanciones económicas correspondientes.

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