COMPLIANCE EN ÉPOCA DE PANDEMIA

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Debido a la situación que por causa del COVID-19 estamos viviendo a nivel global, muchas empresas se han visto en la obligación de llevar a cabo la adopción de medidas urgentes con el fin de minimizar el impacto que la declaración del Estado de Alarma, a través del RD 463/2020, de 14 de marzo, ha supuesto sobre su actividad. Estamos asistiendo atónitos a como las empresas y muchos centros sanitarios tratan de improvisar medidas para “garantizar” la seguridad y la salud de los trabajadores, y de como éstos se cuestionan cuáles son sus derechos y obligaciones en esta situación de emergencia socio-sanitaria.

            Desde el punto de vista societario, debemos preguntarnos si existe la posibilidad de que las medidas que tomemos (o que no tomemos) puedan derivar en responsabilidades penales para nuestra organización. Ante esta pregunta, debemos responder que sí, podría llegar a ser así. Es por ello por lo que a través de este artículo trataremos de exponer las posibles consecuencias secundarias que una inadecuada gestión de esta crisis puede traer consigo.

            Empezaremos por decir que las personas jurídicas no pueden ser acusadas por delito contra los Derechos de los Trabajadores por no encontrarse éstos en el listado de delitos en los que cabe que opere el art. 31.bis C.P. No obstante, para estos casos, el art. 316 C.P. establece  que “Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.”, para continuar en su art. 318 estableciendo que Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.”.

            No cabe pues, apreciar responsabilidad penal directa de la persona jurídica, sino de los administradores o encargados de servicio, pero sí se pueden aplicar a aquella, a través del art. 129 del C.P.,  algunas de las penas accesorias que vienen establecidas en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33 C.P., que son: suspensión temporal de sus actividades, clausura temporal de sus locales o establecimientos, prohibición de realización de actividades futuras, inhabilitación para obtención de subvenciones y ayudas públicas e intervención judicial por período determinado.

            Se trata de un tipo de omisión consistente en no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores ejecuten la prestación con las medidas de seguridad e higiene adecuadas y esta omisión debe suponer, en sí misma, el incumplimiento de las normas de prevención y de cuidado, en los términos propios del derecho penal, establecidas en la normativa laboral, ya que el tipo se refiere a la ejecución de la conducta “con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales”, sin que sea necesario que el peligro se concrete en una lesión efectiva, puesto que es un tipo de riesgo y no de resultado.

Por todo ello, conviene recordar que las recomendaciones de las autoridades para con la salud de los trabajadores, siempre que sea posible, han sido las de facilitar el teletrabajo. Cuando esta opción sea inviable, se deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad (como pueda ser la redistribución de turnos, si es necesario para garantizar que se mantiene la distancia necesaria entre los trabajadores), llevar un control exhaustivo de la limpieza y la desinfección, garantizar que se cumplen los protocolos de actuación establecidos, y facilitar a los trabajadores que tengan que seguir acudiendo a sus puestos los Equipos de Protección Individual (EPI’s) necesarios para garantizar la seguridad de todos.

            Por último, y si con las consideraciones anteriores no podemos garantizar la seguridad de los empleados mediante la entrega y uso de los EPI’s u otras medidas organizativas aplicables, es preferible detener la actividad, y garantizar de esta manera la integridad de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, evitando la propagación actuando con la responsabilidad que se nos exige ante la crisis sanitaria a la que nos estamos enfrentando, especialmente en aquellas actividades laborales y empresariales no imprescindibles para el sostenimiento y aseguramiento de los productos de primera necesidad, sanitarios y logísticos.

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