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CRITERIOS DE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

Imputacion señalada

El artículo 31 bis 1, primer párrafo del CP establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma, mientras que en su segundo párrafo establece que serán responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

En el sistema elegido por el legislador se ha dado una importancia fundamental a la persona física, de hecho, el delito de la persona física (sea como administrador o representante legal, o como persona deficientemente contralada por éstos) es la única opción posible que puede conducir a la responsabilidad penal de la persona jurídica.

En la compleja tarea de trasladar el principio de culpabilidad consagrado en el artículo 5 CP a la persona jurídica, según el cual “no hay pena sin dolo o imprudencia”, un sector de la doctrina viene sosteniendo que el fundamento de la culpabilidad de la persona jurídica se halla en la constatación de un defecto de organización en su seno del que debe responder. De esta manera, cuando el delito lo comete un administrador o representante legal la persona jurídica será responsable en una suerte de culpa in eligendo por haber puesto al frente de la misma a una persona física que actúa incumpliendo la legalidad penal. Cuando el delito lo comete un empleado o colaborador, la persona jurídica respondería por culpa in vigilando por no haber establecido los mecanismos de control necesarios para evitar que en su seno se cometan delitos.

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SUJETOS ACTIVOS

El requisito de actuación en nombre o por cuenta de la persona jurídica implica que la persona jurídica no responderá penalmente de cualquier delito cometido por un legal representante suyo, sino sólo de aquellos delitos cometidos por una persona física que actúe en la comisión del hecho delictivo en calidad de representante de la persona jurídica y en el marco de sus funciones empresariales.

En cuanto al elemento del beneficio, debe ser entendido tanto el provecho directo (obtención de un beneficio empresarial) como el provecho indirecto (ahorro de un coste a sabiendas de que se incrementa el riesgo de un resultado delictivo). Según la Fiscalía General del Estado “la acción debe ser valorada como provechosa desde una perspectiva objetiva e hipotéticamente razonable, con independencia de factores externos que puedan determinar que la utilidad finalmente no se produzca. Así considerado, el provecho de la sociedad no constituye necesariamente una partida susceptible de valoración mediante una operación aritmética o un asiento contable, de modo que cualquier clase de ventaja a favor de la entidad cumple las exigencias del actuar en provecho, por difícil que pueda resultar su traducción a euros”.

Respecto a los supuestos en los que el delito se cometa en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio de la persona jurídica, hemos de incidir de nuevo en que no todo hecho delictivo cometido en el seno de la empresa es susceptible de generar responsabilidad para la persona jurídica, sino únicamente aquél en que el agente haya actuado por cuenta de la persona jurídica, en el ejercicio de las actividades que tiene encomendadas y en provecho de la misma, aunque se trate de un provecho indirecto. Para que concurra la responsabilidad de la persona jurídica en este supuesto se requiere, además, que el subordinado haya podido llevar a cabo el hecho delictivo por no haber ejercido sobre él la persona jurídica el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso. Pero, ¿qué debe entenderse en la práctica por debido control?.

En líneas generales, tres pueden ser los instrumentos con los que puede contar la empresa para acreditar que se ha ejercido el suficiente control sobre el agente:

  1. Instrumentos de prevención: dentro de este apartado podríamos situar los denominados mapas de riesgos, los códigos de conducta, los llamados Compliance Programs (programas de cumplimiento de la legalidad), etc. En ellos, la empresa analiza los riesgos penales en que puede incurrir en función de su actividad, define las normas y principios éticos por los que debe regirse el comportamiento de todos los agentes de la empresa, y prohíbe expresamente aquellas conductas que puedan ser consideradas constitutivas de delito. La finalidad de tales instrumentos es que todos los agentes de la empresa asuman los valores que ésta define de modo tal que se instaure entre los mismos una cultura de respeto a la legalidad penal.
  2. Instrumentos de control: una vez definidos los riesgos y la ética de la empresa, deben crearse instrumentos de control adecuados, internos y/o externos, que supervisen de manera continuada el cumplimiento de la normativa interna establecida para evitar la comisión de delitos en el seno de la empresa y evalúen la existencia de nuevos riesgos. Dentro de estos instrumentos no sólo se encuentra el nombramiento de personal responsable de la supervisión, interno y/o externo, sino también medidas que faciliten a los trabajadores de una empresa, por ejemplo, la denuncia interna del incumplimiento de los códigos de conducta, siempre garantizando el anonimato del denunciante.
  3. Instrumentos disciplinarios: para asegurar el debido control del cumplimiento de las normas de conducta establecidas por la empresa, puede implantarse un catálogo de sanciones internas que afecten a empleados y directivos de los que aquéllos dependen, de manera que éstos se involucrarán, a su vez, en el control sobre aquéllos.

Resumiendo, en los términos del art. 31 bis 1, primer párrafo, CP las personas que desatan y realizan el hecho de conexión son los administradores de hecho y de derecho y los representantes legales, mientras que en el segundo párrafo se les atribuye una importante función en el hecho de conexión pues deben haber sometido bajo su autoridad y no haber ejercido el debido control sobre las personas físicas que cometieron dicho hecho de conexión.

La delimitación de estos conceptos, de forma estricta o extensiva y amplia, es de gran importancia, pero la desarrollaremos en la segunda parte del artículo.

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