LA CARGA DE LA PRUEBA EN LA DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

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El sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa en “la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización” (STS 154/2016, de 29 de febrero). Así, la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal, ha de partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado, por la ausencia de una “cultura de respeto al Derecho” como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión por éstos de delitos, como posibles antecedentes de esa responsabilidad de la persona jurídica. Y ello más allá de la eventual existencia de modelos de organización y gestión que, cumpliendo las exigencias concretamente enumeradas en el actual art. 31 bis 2 y 5 CP, podrían dar lugar a la concurrencia de la eximente en ese precepto expresamente prevista.

Interpreta el TS que la presencia de “adecuados mecanismos de control” suponen la existencia de una causa de justificación, porque este requisito forma parte de los elementos objetivos del tipo, cuya acreditación corresponde, por tanto, a la acusación. Argumenta que sostener lo contrario equivaldría a que en el caso de la persona jurídica no rijan los principios básicos de nuestro sistema de enjuiciamiento penal, tales como el de la exclusión de una responsabilidad objetiva o automática o el de la no responsabilidad por el hecho ajeno.

La Fiscalía, en su circular 1/2016 sostiene por contra que los modelos de organización que cumplen los presupuestos legales operarán a modo de excusa absolutoria, como una causa de exclusión personal de la punibilidad. De este modo, atañe a la persona jurídica acreditar que los modelos de organización y gestión cumplen las condiciones y requisitos legales y corresponderá a la acusación probar que se ha cometido el delito en las circunstancias que establece el art. 31 bis 1º.

Para el voto particular de la STS 154/2016, de 7 de los 15 magistrados que conformaron el pleno, mantiene, por el contrario, que los elementos de tipo objetivo vienen expresamente definidos por el Legislador en los párrafos a) y b) del párrafo 1º del art 31 bis CP, y estos son los que deben ser probados por la acusación. Argumenta que con esto no se otorga a la responsabilidad penal de las personas jurídicas una naturaleza objetiva, sino que la persona jurídica es responsable penalmente de los delitos cometidos por sus representantes o dependientes en el contexto empresarial, societario o asociativo (art 31 bis 1º CP), porque es culpable y esta culpabilidad la infiere el Legislador del hecho de permitir que sus representantes cometan un acto delictivo, en nombre y por cuenta de la sociedad y en su beneficio. Y se fundamenta en los principios generales de la “culpa in eligendo” y la “culpa in vigilando”, o incluso de la culpa “in constituendo” y la culpa “in instruendo”.

El voto particular mantiene que el Legislador (en la reforma operada por la LO 1/2015, que introduce los párrafos segundo y cuarto del art 31 bis) establece expresamente la exención de la responsabilidad penal, y la configura en unos términos muy específicos, cuya concurrencia deberá comprobarse en cada caso. Entiende que no hay razón alguna que justifique alterar las reglas probatorias aplicables con carácter general para la estimación de circunstancias eximentes. Considera que no procede constituir a las personas jurídicas en un modelo privilegiado de excepción en materia probatoria, imponiendo a la acusación la acreditación de hechos negativos (la ausencia de instrumentos adecuados y eficaces de prevención del delito), sino que corresponde a la persona jurídica alegar su concurrencia, y aportar una base racional para que pueda ser constatada la disposición de estos instrumentos.

En cuanto al estadio procesal en que debe determinarse la existencia de dicha responsabilidad y su posible exención, ya en la fase de instrucción deberá valorar el juez si la persona jurídica tiene implantado un programa de cumplimiento efectivo, la calidad del mismo, así como otros factores, todo ello para poder valorar si imputa o no a la persona jurídica. En caso contrario deberá esperarse al juicio oral para ser valorado.

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