NOVEDADES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha recibido una reciente actualización a raíz de la transposición de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o para la financiación del terrorismo. Dicha transposición ha sido llevada a cabo mediante la promulgación del Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que ya ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados.

Desde CPL Compliance Consulting nos interesa comentar las principales novedades que se recogen en este RDL, que a continuación expondremos según su orden de aparición en el articulado, para facilitar la comprensión a la hora de estudiar en profundidad la materia:

En primer lugar, se modifica el apartado 4 del artículo 1 de la Ley 10/2010, concerniente al ámbito de aplicación de la Ley, donde se establece ahora que es la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias la que determinará lo que serán “países terceros equivalentes”, a propuesta de la Secretaría de dicha Comisión, dejando de estar la decisión en manos de la Unión Europea.

De gran importancia es también una de las incorporaciones al artículo 2 de la Ley 10/2010, en donde se enumeran los sujetos obligados, en cuyo apartado o) añade a los “prestadores de servicios a sociedades”, que serían todos aquellos que, con carácter profesional, presten determinados servicios por cuenta de terceros. Con este punto se ha suscitado una controversia entre los que sostienen que estos prestadores de servicios únicamente englobarían a sujetos que actúen como personas interpuestas, prestando los servicios para clientes que realmente actúan en su propio nombre; y los que sostienen que esto engloba también a todo tipo de prestadores de servicios, y que abarcaría multitud de profesionales, entre los que se encuentran los abogados que asesoren a sociedades mercantiles, pues literalmente se recoge “…funciones (…) de asesoría externa de una sociedad”.

El punto anterior enlaza con la aplicación de un mayor control de los fideicomisos, creándose en el Registro Mercantil el registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos, en el que deberán de recogerse los titulares reales de los prestadores de servicios y sus Cuentas Anuales, así como información detallada acerca de la clase de servicio que prestan, ámbito territorial, etc.

Otra novedad importante es el empeño con la identificación del titular real de la persona jurídica, remitiéndose a los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, permitiendo así determinar cual es la sociedad dominante y cual la sociedad o sociedades dependientes. Asimismo, se fijan normas para la identificación del titular real de fideicomisos como el trust e instrumentos jurídicos similares.

Aumenta el control en el sector del juego, exigiéndose a proveedores aplicar medidas de diligencia debida en transacciones de importe igual o mayor de 2.000 euros, si bien los estados miembros pueden aplicar exenciones a determinadas obligaciones en juegos de azar con riesgo bajo o prácticamente nulo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Se aumentará el control también a determinados países estableciéndose Medidas de Diligencia Debida Reforzada a países que presenten unas medidas insuficientes en el control de Prevención de Blanqueo y Financiación del Terrorismo, creándose por lo tanto una lista negra de países, opuesto al que se mencionaba al comienzo del artículo, de países terceros equivalentes.

Se suprime la distinción de Personas de Responsabilidad Pública (PRP) extranjera y nacional, teniendo ahora las dos el mismo nivel de riesgo, que hasta la publicación del RDL únicamente se aplicaba el nivel de riesgo alto a los PRP extranjeros. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias elaborará y publicará una lista en la que aparecerán las funciones y puestos que determinan la consideración de PRP para España. Se les impone también la obligación de aplicar medidas de diligencia debida adecuada transcurrido el plazo de dos años desde que se dejaron de desempeñar sus funciones, hasta el momento en conste que la PRP no representa riesgo alguno derivado de sus antiguas funciones.

Continúa la obligación de conservar la documentación por un plazo de diez años, pero con la peculiaridad añadida de que, una vez transcurridos cinco años desde el cese de la relación mercantil, la documentación almacenada únicamente podrá ser accesible a los órganos de control interno o para los encargados de la defensa legal en un posible proceso judicial.

Se establece la obligación de habilitar dos tipos de canales de denuncias, uno interno y otro externo:

El canal interno de denuncias puede ser anónimo, y su finalidad será comunicar información relevante sobre posibles incumplimientos de la normativa contenida en la Ley 10/2010 o en las políticas y procedimientos internos. Se permite exceptuar reglamentariamente a determinados sujetos de la obligación de crear este canal, y no es necesario que dicho canal sea independiente.

El canal externo de denuncias tendrá carácter confidencial y seguro, para que empleados, directivos y agentes comuniquen al SEPBLAC las posibles infracciones que se cometan sobre esta materia, realizando este órgano las actuaciones de inspección que considere pertinentes en base a los indicios presentados a través del canal de denuncias.

Se prevé que las comunicaciones al SEPBLAC que se realicen por los empleados y demás personal no constituirán violación o incumplimiento de obligaciones de confidencialidad o de la normativa laboral, ni tampoco generarán derecho de compensación o indemnización para el sujeto denunciado ni a ningún tercero.

Se incorpora al texto legal el artículo 48 bis, de Cooperación Internacional, promoviendo el intercambio de información entre se SEPBLAC con Unidades de Inteligencia Financiera en otros países no miembros de la Unión Europea.

En cuanto al régimen de sanciones, con la transposición de la directiva se endurecen claramente las mismas, con el fin de adaptar los límites sancionadores a los umbrales que se establecen en ella. Se reduce también el umbral de uso de efectivo para comerciantes de bienes, pasando de 15.000 euros a 10.000 euros.

A la espera de la Convalidación por el Congreso del RDL, queda por ver cómo se implementan y qué recibimiento tienen las medidas y cambios que se presentan con la transposición de esta Directiva, que como se ve puede tener una gran repercusión debido, entre otras cosas, a la inclusión en su apartado segundo de sujetos obligados de las personas que presten servicios de asesoría externa a sociedades, o al hecho de establecer los canales de denuncias de manera preceptiva. Asimismo, hay que tener en cuenta que ya ha sido aprobada una nueva Directiva por el Consejo de la Unión Europea el 14 de mayo de 2018, por lo que habrá más novedades cuando se lleve a cabo su transposición a la normativa nacional.

En CPL Compliance Consulting contamos con profesionales especialistas en la materia, por lo quedamos a su disposición para cualquier consulta, que podrá realizar a través de los enlaces de contacto de nuestra web, o puede pasarse por nuestras oficinas de A Coruña.

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