PENAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS

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El catálogo de penas aplicables a las personas jurídicas se encuentra regulado en el apartado 7 del art. 33 CP, donde se recogen siete tipos de penas que pueden imponerse a las mismas: a) Multa, por cuotas o proporcional; b) Disolución de la persona jurídica; c) Suspensión de las actividades; d) Clausura de los locales y establecimientos; e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito; f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social; g) Intervención judicial.

De entre todas las penas posibles, la pena de multa está prevista como pena principal obligada para la totalidad de los delitos para los que el legislador ha establecido la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El resto de penas del catálogo del art. 33.7 CP se establecen para todos los delitos con carácter potestativo, de manera que los jueces o tribunales podrán imponerlas o no ponderando los siguientes parámetros establecidos en las reglas de aplicación de las penas que fija el nuevo art. 66 bis 1º CP:

  1. Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos.
  2. Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores.
  3. El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física u órgano que incumplió el deber de control.

Ha de destacarse que las penas aplicables a las personas jurídicas “tienen todas la consideración de graves”, de acuerdo con lo dispuesto expresamente en el art. 33.7 CP, independientemente de cual sea su duración, lo que comporta que:

  • El plazo de prescripción de la pena sea de 10 años (art. 133.1 CP).
  • El plazo de cancelación de los antecedentes penales sea de 10 años (art. 136 e) CP).
  • La nota de“gravedad” deviene relevante en aquellos supuestos que durante la instrucción el juez deba acordar alguna medida de investigación como, por ejemplo, una intervención telefónica.
  • Pero la “gravedad”de la pena no resulta relevante para la competencia del órgano de enjuiciamiento a tenor del art. 14 bis LECr. “Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior el conocimiento y fallo de una causa por delito dependa de la gravedad de la pena señalada a éste por la ley se atenderá en todo caso a la pena legalmente prevista para la persona física, aun cuando el procedimiento se dirija exclusivamente contra una persona jurídica”.

1.      Multa

La pena de multa, que consiste en la imposición de una sanción pecuniaria (art. 50.1 CP), constituye sin duda la pena reina del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, toda vez que dicha pena, como hemos dicho, se ha establecido como pena principal para todos los delitos respecto de los cuales el legislador ha regulado en el Libro II del CP tal responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Al igual que sucede para las personas físicas, el legislador ha establecido para las personas jurídicas dos tipos de penas de multa: por cuotas y proporcional.

a)    Multa por cuotas

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 50.3 CP, la extensión mínima de la pena de multa por cuotas será de diez días y la extensión máxima aplicable a las personas jurídicas será de cinco años. La cuota diaria aplicable a las personas jurídicas, en base a lo establecido en el art. 50.4 CP, ascenderá a un mínimo de 30 euros y un máximo de 5.000 euros de cuota diaria.

b)      Multa proporcional

La pena de multa proporcional se fija en los distintos tipos penales del Libro II en función de los siguientes cuatro parámetros: el beneficio obtenido o facilitado, el perjuicio causado, el valor del objeto, o la cantidad defraudada o indebidamente obtenida.

Para la fijación de la concreta pena de multa proporcional, los jueces y tribunales deberán estar en primer lugar al régimen general establecido en el artículo 52 CP, considerando para determinar en cada caso la cuantía, dentro de los límites de cada tipo penal, no sólo las circunstancias agravantes o atenuantes del hecho sino, principalmente, la situación económica del penado, en este caso, de la persona jurídica.

Además de este régimen general, el legislador ha establecido una previsión específica para los casos de responsabilidad de las personas jurídicas en el apartado 4 del art. 52 CP. Según esta disposición, en los casos en que el CP prevea una pena de multa proporcional para las personas jurídicas en función de los parámetros al inicio mencionados (esto es, en proporción al beneficio obtenido o facilitado, al perjuicio causado, al valor del objeto, o a la cantidad defraudada o indebidamente obtenida) y no sea posible el cálculo en base a tales conceptos, el Juez o Tribunal motivará la imposibilidad de proceder a tal cálculo y las multas previstas se sustituirán por las siguientes:

  • Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
  • Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos y hasta cinco años.
  • Multa de seis meses a dos años en el resto de casos, esto es, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión hasta dos años o cualquier otro tipo de pena.

c)      Regla de ponderación

En aquellos supuestos en los que, como consecuencia de los mismos hechos, se impusieren sendas penas de multa a la persona física autora del hecho delictivo y a la persona jurídica, los jueces o tribunales moderarán las respectivas cuantías de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquellos.

d)     Fraccionamiento del pago de la multa

Atendida la gravedad que puede alcanzar la pena de multa prevista para la personas jurídicas (pensemos en la extensión de hasta cinco años y cuota diaria de hasta 5.000 euros para el caso de la multa por cuotas) el legislador ha introducido un apartado 5 en el art. 53 CP, que permite tan sólo para el caso de condena de personas jurídicas el fraccionamiento del pago de la multa por un período de hasta cinco años cuando su cuantía ponga probadamente en peligro la supervivencia de la persona jurídica o el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la misma, o cuando lo aconseje el interés general.

e)      Ejecución de la pena de multa: posibilidad de intervención judicial

El artículo 53 CP tiene por objeto regular los supuestos en que el condenado no satisficiere, voluntariamente o por la vía de apremio, la pena de multa impuesta cualquiera que fuera su modalidad. En los supuestos de condena de una persona jurídica, el legislador pretende agotar todas las posibilidades de cobro llegando incluso a prever la intervención judicial por tiempo indefinido hasta lograr el pago total de la misma. El alcance de tal intervención judicial se irá definiendo en función de la casuística, y corresponderá a Jueces y Tribunales especificar el contenido de la misma, pudiendo consistir desde una simple necesidad de autorización judicial de cobros y pagos de la empresa hasta una completa intervención en la administración de la empresa por parte de un interventor designado judicialmente.

2.     Disolución de la persona jurídica

La disolución de la persona jurídica, prevista como pena en el art. 33.7.b) CP, producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.

Para la imposición de dicha pena será requisito indispensable, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 66 bis 2º CP, que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes:

  1. Que se esté ante un supuesto de hecho previsto en la regla 5ª del primer número del art. 66 CP, esto es, en el supuesto de reincidencia cualificadaque se da cuando el culpable, al delinquir, hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres delitos comprendidos en el mismo Título del CP, siempre que sean de la misma naturaleza. A estos efectos, no se tendrán en cuenta los antecedentes penales cancelados o que debieran ser cancelados.
  2. Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. El propio artículo art. 66 bis 2º CP establece que así se apreciará siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal. Cabe entender que el legislador está pensando en una relevancia económica, de manera que la persona jurídica se estará utilizando instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales cuando su actividad ilícita le reporte mayores ingresos que la actividad lícita.

Como el resto de penas aplicables a las personas jurídicas, la disolución de la persona jurídica es una pena que podrán imponer Jueces y Tribunales respecto de todos los delitos para los que se ha previsto la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, a diferencia de la pena de multa, cuya imposición es obligatoria en todos los casos, como ya se ha explicado anteriormente, el legislador ha concedido a Jueces y Tribunales la facultad de imponer la disolución de la persona jurídica (siempre que se dé alguno de los supuestos antes mencionados) fijando una serie de parámetros que habrán de ser tenidos en cuenta a la hora de decidir si se impone o no esta pena. Tales parámetros son los regulados en el art. 66 bis 1º CP, antes mencionados.

3.     Suspensión de las actividades de la persona jurídica

La pena de suspensión de actividades de la persona jurídica podrá imponerse potestativamente por los jueces y tribunales para cualquiera de los delitos para los que el legislador ha establecido por el momento la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como en el resto del catálogo de penas potestativas, para decidir sobre la imposición de tal pena y su extensión, deberán tenerse en cuenta los mismos parámetros que en el apartado anterior (art. 66 bis 1º CP). La duración de esta pena se rige por las siguientes reglas:

  1. Puede imponerse por un plazo máximo de duración de cinco años (art. 33.7.c) del CP).
  2. En todo caso, el plazo de duración no podrá exceder la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por una persona física.
  3. Para la imposición de esta pena de suspensión de actividades por un plazo superior a dos años será preciso que concurra alguna de las siguientes dos circunstancias reguladas en el antes mencionado art. 66 bis 2º CP.

3.     Clausura de los locales y establecimientos de la persona jurídica

La pena de clausura de los locales y establecimientos de la persona jurídica también podrá imponerse potestativamente por Jueces y Tribunales para todos los delitos para los que el legislador ha establecido la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como en el resto del catálogo de penas potestativas, para decidir sobre la adopción de tal pena y su extensión, deberán tenerse en cuenta los mismos parámetros señalados en el apartado anterior (art. 66 bis 1º y 2º CP).

4.     Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito

El art. 33.7 e) CP establece para la persona jurídica la pena de prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, que podrá imponerse potestativamente por Jueces y Tribunales para todos los delitos para los que el legislador ha establecido la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como en el resto del catálogo de penas potestativas, para decidir sobre la adopción de tal pena y su extensión, deberán tenerse en cuenta los parámetros del art. 66 bis 1º CP.

En cuanto a la duración de esta pena, el art. 33.7 e) CP prevé que pueda imponerse de manera temporal o definitiva, a criterio del Juez o Tribunal y en función de las reglas específicas y generales ya mencionadas.

a)     Prohibición temporal

En este supuesto, el plazo de duración no podrá exceder de quince años y, en cualquier caso, no podrá exceder la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por persona física.

Para la imposición de esta pena de prohibición por tiempo superior a dos años será necesario que se dé alguna de las siguientes circunstancias (art. 66 bis 2º CP):

  1. Que la persona jurídica sea reincidente, remitiéndonos de nuevo al concepto genérico de reincidencia del art. 22.8º CP, según el cual un culpable es reincidente cuando al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo Título del CP, siempre que sea de la misma naturaleza, no pudiendo tener en cuenta los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo.
  2. Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. A estos efectos, el propio artículo art. 66 bis 2º CP establece que así se apreciará siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.

Para la imposición de esta pena de prohibición de realizar actividades concretas en el futuro por tiempo superior a cinco años, deberán concurrir alguna de las siguientes dos circunstancias (art. 66 bis 2º CP):

  1. Que se esté ante un supuesto de hecho previsto en la regla 5ª del primer número del art. 66 CP, esto es, en el supuesto de reincidencia cualificada que se da cuando el culpable, al delinquir, hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres delitos comprendidos en el mismo Título del CP, siempre que sean de la misma naturaleza. A estos efectos, no se tendrán en cuenta los antecedentes penales cancelados o que debieran ser cancelados.
  2. Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. A estos efectos, el propio artículo art. 66 bis 2º CP establece que así se apreciará siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.

b)     Prohibición definitiva

Para que jueces y tribunales puedan aplicar esta pena con carácter definitivo, será preciso que concurra alguna de las dos circunstancias antes mencionadas para la imposición de la pena por tiempo superior a cinco años, esto es, reincidencia cualificada de la persona jurídica o que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penal en los mismos términos expuestos en los párrafos anteriores.

5.     Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social

Como en el resto de penas aplicables a las personas jurídicas, a excepción de la pena de multa, esta pena podrá imponerse por Jueces y Tribunales potestativamente para cualquiera de los delitos para los que el legislador ha establecido la responsabilidad penal de las personas jurídicas, debiendo atender para su imposición y fijación de la extensión a los parámetros establecidos en el art. 66 bis 1º CP.

Esta inhabilitación también podrá ser temporal (con un límite máximo de 15 años) o definitiva, a criterio del Juez o Tribunal en virtud de lo establecido en el art. 33.7 e) CP  y de los requisitos del art. 66 bis 1ª y bis 2ª CP que se han dejado expuestos en el apartado anterior.

6.     Intervención Judicial

El art. 33.7 g) CP establece para la persona jurídica la pena de intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que podrá imponerse por una duración máxima de cinco años y de manera potestativa por Jueces y Tribunales para todos los delitos para los que el legislador ha establecido la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como en el resto del catálogo de penas potestativas, para decidir sobre la adopción de tal pena y su extensión, deberán tenerse en cuenta los parámetros señalados en el art. 66 bis 1º CP.

El Juez, en la sentencia o con posterioridad, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención, así como quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar los preceptivos informes de seguimiento.

La intervención se podrá modificar o suspender previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal, teniendo derecho el interventor a acceder a todas las instalaciones y locales de la persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Si la intervención fuere superior a 2 años, será necesaria la concurrencia de los requisitos establecidos en el apartado 2º del art. 66 bis CP ya analizado, sin que en ningún caso pueda llegar a exceder la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el supuesto de que el delito fuera cometido por una persona física.

7.     Responsabilidad Civil de la persona jurídica

Se distinguen dos supuestos de responsabilidad civil:

  1. Responsabilidad civil directa y solidariade la persona jurídica: La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil en los términos establecidos en el artículo 110 del CP, de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos. (Art. 116.3 CP).
  2. Responsabilidad civil subsidiariade la persona jurídica en los supuestos del art. 120.2º, 3º, 4º y 5º CP para los casos de delitos no susceptibles de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

 

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