PLANES COMPLIANCE FRENTE AL COVID-19

Compártelo
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

En nuestro artículo anterior escribíamos acerca de la responsabilidad penal en la que las organizaciones pueden incurrir en virtud de las medidas que éstas hayan adoptado o no a la hora de enfrentarse y adaptarse a la situación actual generada por el COVID-19. Como sabemos, las Personas Jurídicas sólo pueden considerarse responsables de la comisión de un delito cuando éste se encuentre incluido en el catálogo de delitos tasado y previsto para aquellas, siempre que la acción antijurídica se haya cometido en beneficio directo o indirecto de las mismas. En este artículo trataremos de exponer la importancia que puede significar la existencia o ausencia de una cultura Compliance en el seno de las organizaciones, así como la relevancia que los Planes de Cumplimiento pueden tener a la hora de enfrentarse a una acusación por la comisión de un delito.

                Estos días asistimos atónitos a infinidad de noticias que evidencian las graves carencias con las que trabajadores de todos los sectores, principalmente el sanitario, se ven obligados a desempeñar su labor. Las condiciones precarias y sin un mínimo de garantías tendentes a evitar cualquier posible riesgo de contagio están a la orden del día, ya que las organizaciones no ponen a disposición de sus empleados ni los EPI´s ni los recursos necesarios para minimizar aquellas, aún estando legalmente obligadas a ello. Resulta clara la absoluta falta de prevención en materia de riesgos laborales existente en estas empresas u entidades, así como la falta de previsión organizativa para la adopción de decisiones en época de crisis, sea esta sanitaria o de cualquier otra índole. En definitiva, hemos podido comprobar como la improvisación y la desorganización están siendo la características más comunes y evidentes a la hora de enfrentarse a esta situación.

                De mayor gravedad, si cabe, es la realidad existente en numerosas residencias de mayores, sean éstas públicas o privadas, lo que ha llevado a la Fiscalía a abrir más de 100 investigaciones sobre ellas ante la posibilidad de que en el seno de esas organizaciones se hayan podido cometer acciones u omisiones supuestamente delictivas a la hora de prestar atención a sus pacientes.

                Centrándonos en el plano de la responsabilidad penal imputable a las Personas Jurídicas por cualquier delito de los que puedan haberse cometido en los contextos anteriormente comentados, que pueden ir desde delitos contra los Derechos de los Trabajadores, hasta Homicidio Imprudente e incluso Lesiones, hemos de decir que poca probabilidad de éxito existirá, pues no parece que nuestra legislación prevea que deban responder por ninguno de los que, en principio, pudieren resultar. Cosa distinta será la responsabilidad civil y la responsabilidad penal de las Personas Físicas que hayan estado al frente de esa gestión además del, por supuesto, irreparable daño reputacional que las empresas implicadas sufrirán. Esta última será una de las principales condenas de esas organizaciones.

No obstante, como ya hemos señalado en nuestro artículo anterior, en el caso de aquellas compañías que sean denunciadas por un delito contra los Derechos de los Trabajadores por no cumplir, principalmente, con la normativa de Riesgos Laborales, sí pueden llegar a ser sancionadas, en virtud del artículo 318 del Código Penal y a través del art. 129 delmismo cuerpo legal,  con algunas de las penas accesorias que vienen establecidas en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33 C.P., siendo estas: suspensión temporal de sus actividades, clausura temporal de sus locales o establecimientos, prohibición de realización de actividades futuras, inhabilitación para obtención de subvenciones y ayudas públicas e intervención judicial por período determinado.

                Llegados a este punto, cabe preguntarse que ocurriría si algunas de estas sociedades contasen con un Plan Compliance debidamente implementado en el que se estableciesen las herramientas básicas de prevención y detección de delitos, es decir; un código ético o de conducta, un órgano de control y un canal de denuncias que estuviesen plenamente operativos, de manera que los miembros de la organización fuesen en todo momento conocedores de la importancia de seguir los principios de actuación que establece el Plan y demás normativa interna. Seguramente, de ser así, se habrían dejado evidencias de las medidas adoptadas en todos los ámbitos de la organización, como por ejemplo, en la implementación y seguimiento de planes de prevención de riesgos laborales, en las comunicaciones internas, en las políticas de buen uso de los medios que la empresa entrega para poder llevar a cabo el trabajo, en los protocolos para la seguridad de la información, así como en las comunicaciones externas y relaciones con proveedores, clientes, el cumplimiento de los compromisos y contratos con los mismos y resto de colaboradores. En definitiva, se demostraría una política de cumplimiento muy valiosa y determinante para poder exonerar de cualquier responsabilidad penal a la organización y, en consecuencia, de la aplicación de cualquier pena accesoria de las comprendidas en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33 C.P. y antes comentadas.

                Esto sería posible, claro está, si dicho Plan de Cumplimiento estuviese implementado con anterioridad a la comisión de los hechos delictivos. No obstante, el artículo 31 bis 4.d) C.P. permite la atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas si éstas, con posterioridad a la comisión del delito y siempre antes del comienzo del juicio oral, establecen medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. Es decir, desarrollar e implementar un Compliance Plan, aunque sea tarde, servirá para poder atenuar la pena a la que deberán enfrentarse, así como a minimizar el negativo impacto reputacional que de su anterior ausencia de voluntad de cumplimiento pudiera generarse.

Si algo nos ha enseñado esta situación derivada de la pandemia global que estamos viviendo es que las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro y a una velocidad incalculable, y si esos cambios suponen una disminución en la actividad empresarial, no significa que los riesgos penales y el riesgo de incumplimiento normativo también disminuya, más bien todo lo contrario, por cuanto se deben adoptar nuevas formas de trabajar o potenciar otras que aún eran incipientes, como el teletrabajo.

                En este sentido, los Programas de Compliance ayudan a las organizaciones a estar más preparadas para moverse en entornos nuevos, constantemente cambiantes y donde las estrategias deben ser cortoplacistas y moldeables. En definitiva, incrementan exponencialmente la resiliencia dentro de las sociedades. Además, nos permitirán primero, dejar constancia tanto del seguimiento de la normativa tan cambiante en estos días, como de las recomendaciones de las autoridades y también de la toma de decisiones adecuadas en momentos de crisis, acreditando la diligencia debida en la prevención de riesgos y evitando así, responsabilidades de la persona jurídica.

Compártelo
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *