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¿QUÉ PERSONAS JURÍDICAS PUEDEN SER SANCIONADAS PENALMENTE?

En este artículo vamos a tratar de concretar qué personas jurídicas están sujetas a responsabilidad penal y en consecuencia son susceptibles de ser sancionadas penalmente. Para ello, empezaremos por decir que el legislador no ha establecido una definición de “Persona Jurídica” penalmente sancionable, por lo que remitiéndonos a la legislación civil y mercantil debemos concluir que se refiere a cualesquiera empresas, entidades o agrupaciones de personas que ostenten personalidad jurídica. En cuanto a las entidades que carezcan de personalidad jurídica (comunidades de bienes o sociedades secretas) el legislador opta por la aplicación de las medidas accesorias contempladas en el artículo 129 del Código Penal. Por último y en lo que respecta a las entidades extranjeras, dado que se rigen por su ley nacional, habrá que estar a dicha ley para determinar si ostentan personalidad jurídica y pueden, por tanto, ser susceptibles de sanción penal.

Por otro lado, existen entidades que, por su particularidad, generan dudas acerca de si pueden ser sancionadas penalmente como personas jurídicas. Nos referimos, por ejemplo, a las sociedades secretas reguladas en el art. 1669 CC, a las que por carecer de personalidad jurídica en tanto se mantienen en secreto sólo podrán aplicarse, como hemos dicho, las consecuencias accesorias del art. 129 CP. Surgen dudas también respecto de las sociedades mercantiles en formación y las sociedades devenidas irregulares. En ambos casos la Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado sostiene que sí son de aplicación las previsiones en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Finalmente, la misma Circular entiende que no será de aplicación el régimen de responsabilidad penal del art. 31 bis CP a las Uniones Temporales de Empresas (UTE’s), sin perjuicio de que las sociedades que las integran, individualmente consideradas, sí puedan ser penalmente responsables.

Tras la entrada en vigor de la nueva reforma del 1 de julio de 2015 (LO 1/2015), la excepción a la regla general que antes se encontraba en el apartado 5 del art. 31 bis, ahora se recoge en el art. 31 quinquies CP, donde se excluye de este régimen y de manera expresa a las siguientes entidades de derecho público:

  • El Estado y las Administraciones Públicas territoriales e institucionales.
  • Los Organismos Reguladores: como, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión Nacional de la Competencia.
  • Las Agencias Estatales y Entidades Públicas Empresariales: las primeras reguladas por la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales y la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Las segundas, reguladas en el art. 166 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
  • Las organizaciones internacionales de Derecho Público. Estado.
  • Las Fundaciones Públicas: Aunque no son expresamente mencionadas en el art. 31 quinquies 1, deben considerarse exentas de responsabilidad penal según establece la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado.  
  • Las organizaciones que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

Anteriormente, el apartado 5 del art. 31 bis excluía también de responsabilidad penal a los partidos políticos y a los sindicatos. Esta exclusión se basaba en que se trata de entidades que forman parte fundamental del sistema político español y que dan cauce al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, motivos por los que debían ser objeto de una especial protección, sin que pudiesen ser tratadas como cualquier otra persona jurídica. Esta tesis contó con detractores desde sus inicios, lo que terminó por introducir la responsabilidad penal de estas dos figuras en la LO 7/2012, presentando las siguientes peculiaridades:

  • Su responsabilidad se extenderá a las fundaciones y entidades con personalidad jurídica a ellos vinculados.
  • A diferencia de otras personas jurídicas, en principio no obligadas a establecer programas de prevención, el art. 9 bis de la LO 8/2007, introducido por la LO 3/2015, expresamente lo impone a los partidos políticos.
  • En relación con las penas de disolución y suspensión judicialha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el Capítulo III de la Ley Orgánica 6/2002, (modificado por LO 3/2015).

La Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, realizó una interpretación teleológica del precepto entendiendo que la exclusión no afecta a las organizaciones en todo caso, sino “exclusivamente en el marco de su actividad en el ejercicio de las funciones de soberanía o administrativas” y que, por tanto, no puede considerarse excluida con carácter general la responsabilidad penal de los Colegios Profesionales y las demás Corporaciones de Derecho Público sino que habrá que efectuar una valoración jurídica casuística, postura que no comparte un sector de la doctrina. Por lo que respecta a las sociedades estatales, la misma Circular considera que no bastará con que cumplan el requisito de tener participación mayoritaria estatal, sino que deberán ejecutar políticas públicas o prestar servicios de interés económico general, por lo que de nuevo habrá que atender al supuesto concreto para concluir si se consideran sujetos excluidos o no. Finalmente, ante el olvido del legislador respecto de las sociedades autonómicas, provinciales y locales (el precepto sólo menciona las sociedades estatales), la misma Circular interpreta que deben considerarse igualmente excluidas al entender que tanto la Comunidad Autónoma, como la Provincial y el Municipio forman parte del concepto Estado.

El propio legislador ha establecido una excepción a la excepción, de manera que se podrá exigir responsabilidad penal a las entidades de derecho público antes mencionadas si el órgano jurisdiccional aprecia que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.

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