CPL

PLAN DE IGUALDAD

El artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, establece una serie de medidas para la igualdad efectiva de hombres y mujeres en todo tipo de organizaciones. El objetivo viene determinado por la propia definición que la Ley realiza de lo que debe ser un Plan de Igualdad: “un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo”.

Cualquier empresa pública o privada, con independencia del número de personas en plantilla, puede elaborar su propio Plan de Igualdad, no obstante existe obligatoriedad para empresas de más de 50 empleados en base a una serie de plazos, constituyendo una infracción muy grave la no elaboración del mismo según se estipula en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y que acarrea sanciones que van desde los 6.251 a 187.515 euros, entre otras.

En marzo de 2019 se publicó el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo de “Medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”, el cual establece la obligatoriedad de implantar un Plan de Igualdad en empresas de más de 50 empleados. Este Real Decreto define una serie de plazos para que las empresas públicas y privadas implanten y registren un Plan de Igualdad en función de su número de empleados:

·         Empresas de más de 150 empleados/as hasta 7 de marzo de 2020

·         Empresa entre 100 y 150 empleados/as hasta 7 de marzo de 2021

·         Empresa entre 50 y 100 empleados/as hasta 7 de marzo de 2022

 

La importancia de los Planes de Igualdad ya se ha abordado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la que se prohíbe la contratación de empresas que no cuenten con el Plan de Igualdad cuando el mismo resulte exigible legalmente, así como se refuerzan las medidas sociales destinadas a favorecer la contratación de las empresas que sean responsables en materia de igualdad.

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